La Cámara alta discute la reforma de la ley que regula la actividad en zona de glaciares y periglaciares. El Gobierno busca sancionar una norma aclaratoria que promueva las inversiones mineras .
El Senado avanza con la primera de las dos sesiones de la semana. En esta ocasión el temario incluyó el pliego como embajador de Fernando Iglesias, el acuerdo UE-Mercosur y la modificación de la Ley de Glaciares.

El primer punto del orden del día fue el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Fue aprobado por amplia mayoría, con 69 votos a favor y 3 en contra. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo para acelerar su entrada en vigencia. No obstante, en Europa se espera un pronunciamiento de la Justicia, debido a que hubo impugnaciones.

En esta ocasión no hubo nerviosismo a la hora de reunir el quórum porque a La Libertad Avanza y sus aliados se le sumó el bloque del peronismo que ingresó mientras sonaba la chicharra que llamaba a sesionar. Con 40 senadores presentes, se inició la sesión a los doce minutos del llamado previsto para las 11 de la mañana.
La senadora por Salta Flavia Royón defendió la actualización de la ley de glaciares en el Congreso al afirmar que “no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos”. Royón subrayó que la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar no solo permanece intacta, sino que se reafirma como un bien público central. Según sus palabras, “se trata de instalar un terrorismo ambiental”, recalcando que el enfoque debe estar en estudios específicos y en información precisa, no en prohibiciones generalizadas.

Uno de los datos que Royón destacó fue el uso del recurso hídrico en la provincia de San Juan, donde el 94% del agua se destina al agro y solo el 1,2% a toda la industria. La senadora consideró fundamental centrar la discusión en la eficiencia y prioridad del agua, más que en una dicotomía artificial entre desarrollo económico y cuidado ambiental. “El agua está por encima de todo y esta ley no afecta eso”, enfatizó.
Royón señaló que el texto en discusión ratifica las actividades prohibidas y no habilita ninguna nueva en zonas protegidas, insistiendo en que los estudios de impacto ambiental —que deben presentarse antes, durante y actualizarse cada dos años— constituyen la garantía de un control riguroso y de participación ciudadana en los procesos de aprobación. “No instalemos que se va a poner un hotel arriba del glaciar”, advirtió la legisladora.

La legisladora salteña afirmó que el proyecto promueve un perfeccionamiento basado en métodos científicos y técnicos para elaborar el inventario de glaciares, avanzando en un paradigma de mejoras continuas y verificación sobre el terreno. Según Royón, en las provincias existen cuerpos profesionales altamente capacitados y mencionó particularmente a los geólogos en San Juan, llamando a respetar la solvencia de estos equipos locales.

El senador Luis Juez defendió las modificaciones propuestas para la ley de glaciares y rechazó las críticas recibidas por haber votado a favor de la norma en 2010. “Ahora se convirtieron en aves australes, viven en el Glaciar”, expresó el legislador, aludiendo a quienes se oponen a los cambios.

Juez negó haber entrado en contradicción. En 16 años, dijo, se estableció “un plexo legal” que hoy permite adecuar la ley para favorecer inversiones. El argumento se centró en la revitalización de la autonomía provincial sobre los recursos naturales, algo que, según Juez, permite a las provincias gestionar sus riquezas sin infringir la constitución. Entre los impactos citados, destacó la posibilidad de crear entre 12.000 y 15.000 empleos si se dinamizan las inversiones locales.

El senador cuestionó las posturas ambientales más rígidas y describió algunas campañas en contra de la reforma como “terrorismo ecológico”, instando a superar estas barreras discursivas. Subrayó que, en los 16 años transcurridos desde la discusión inicial, se conformó un marco legal sólido que impide a los gobernadores actuar sin restricciones y garantiza el control de los recursos naturales en cada jurisdicción.

Juez también mencionó que el propio gobierno impulsa un enfoque “inteligente” para capitalizar las oportunidades mineras, y justificó su cambio de voto respecto a la postura que sostuvo hace más de 16 años al recordar que las circunstancias y regulaciones han evolucionado.

El senador de La Pampa Daniel Bensusán denunció que el oficialismo introdujo modificaciones de último momento al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares sin ningún debate público ni explicaciones previas, lo que, según advirtió durante la sesión, podría poner en juego el futuro de la protección ambiental y el agua en la Argentina si se priorizan intereses económicos sobre el bien común. El legislador calificó la situación como una “vergüenza”, acusando al Gobierno de impulsar una modificación regresiva a una de las leyes clave en la defensa del medio ambiente del país.

La preocupación del senador se centró en la forma en que fue presentada la nueva versión del dictamen: relató que apenas cinco minutos antes del tratamiento recibieron una copia impresa del texto sobre sus bancas, sin explicación formal ni discusión previa. Bensusán comparó este accionar con situaciones similares recientes, haciendo referencia específica a “lo mismo que pasó con el artículo 44 de la ley laboral”. “Nos trajeron este papel hace cinco minutos. Otra vez lo mismo. Ya les pasó con la ley laboral y después dicen que entretuvieron a los que acompañan con una cosa para aprobar otra. Es una vergüenza”, sostuvo Bensusán en su discurso en el recinto.
El senador cuestionó la legitimidad del proceso: “van a terminar votando algo que no saben”, insistió.

La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó su preocupación por la posible modificación de la legislación sobre glaciares durante el actual debate parlamentario en Argentina. “El agua es un recurso estratégico. El agua potable es fundamental para la siembra, para la vida”, advirtió, destacando la relevancia nacional del tema.

Para Kirchner, el país constituye la tercera mayor reserva de agua a nivel mundial, lo que incrementa el interés de compañías internacionales en este recurso. Al describir la importancia de establecer un presupuesto mínimo a nivel nacional para proteger el agua, consideró que la seguridad jurídica de la ley vigente está en riesgo si se concretan cambios apresurados.

La legisladora solicitó que el proyecto sea devuelto a comisión para permitir un análisis más exhaustivo: “¿Tanto cuesta escuchar?”, cuestionó.

Resaltó, además, la calidad del Instituto que regula los glaciares y periglaciares, el cual cuenta con profesionales y becarios de primer nivel. Según su evaluación, son pocas las provincias en condiciones de desarrollar investigaciones adecuadas sobre la materia.

Para Kirchner, modificar la normativa actual sin los recaudos necesarios es “pecar de ligereza” y podría conducir a “un retroceso institucional”. “Creo que va a ser intervenida la ley porque no tiene seguridad jurídica por este cambio entre gallos y medianoche”.